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Discriminación y exclusión contra comunidad LGBT

Susan Abad.


Parejas homosexuales logran se les reconozcan derechos pero prejuicio social obstaculiza su aplicación.

“En el 2007, con la sentencia de la Corte Constitucional que aprobaba la unión marital de hecho entre homosexuales —con el requisito de mínimo dos años de convivencia— y el reconocimiento de los derechos patrimoniales de la pareja, la comunidad LGBT [lesbiana, gay, bisexual y transgénero] en Colombia empezó a obtener resultados esperados durante décadas”.

“Esos logros continuaron en el 2008 y 2009”, explica a Noticias Aliadas Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Colombia Diversa, que trabaja en favor del bienestar y reconocimiento legal y social de la comunidad LGBT.

En efecto, el 4 de octubre del 2007, la Corte Constitucional estableció que las parejas del mismo sexo que convivieran de hecho podían afiliar a su compañero o compañera al sistema público de salud. El 17 de abril del 2008, la Corte complementó el anterior derecho sentenciando que estas personas también podían acceder a la pensión de sobreviviente, tal como sucede con las parejas heterosexuales. El 28 de enero del 2009 la Corte modificó 42 normas incluidas en aproximadamente 20 leyes, con el fin de lograr una equidad entre parejas heterosexuales y homosexuales, aunque aclaró que su decisión sólo tenía efectos patrimoniales y que no alteraba el concepto de familia vigente (unión entre hombre y mujer con fines de procreación).

Si bien todas estas normas dejaron a las uniones de parejas del mismo sexo a un nivel muy parecido al matrimonio, y convirtieron a Colombia en un país pionero en América Latina en legislación LGBT, “en la práctica también despertó una fuerte resistencia social, un alto nivel de homofobia y una inhabilitación de la comunidad LGBT para participar en espacios políticos y públicos, sin garantía de derechos y permanentemente revictimizados, invisibilizados y olvidados”, asegura a Noticias Aliadas Wilson Castañeda, presidente de la Fundación Caribe Afirmativo, dedicada a la promoción de los derechos humanos de la población LGBT en la región del Caribe colombiano.

Intolerancia y prejuicio
Las cifras que confirman este efecto son preocupantes. Según el informe “Todos los deberes, pocos los derechos”, publicado por Colombia Diversa en marzo pasado, entre el 2006 y el 2009 se produjeron 226 homicidios de personas LGBT, 83 de los cuales fueron “por prejuicio”.

“No sólo en la sociedad persiste la intolerancia, el no respeto por la libertad, por el ser y dejar ser; sino que son la Policía, los funcionarios y las entidades del Estado los que obstaculizan y ponen resistencia al pleno ejercicio de los derechos de esta población”, denuncia Sánchez.

“El Estado no ha hecho nada para capacitar a sus funcionarios y, adicionalmente, la Procuraduría, como ente de control, no cumple su función de investigar y sancionar a los funcionarios que no respetan las sentencias y, por el contrario, las interpretan de la manera más discriminatoria y menos favorable”, afirma.

Sánchez añade que si bien “la Corte ha sido determinante al reconocer los derechos que otorga la Constitución de 1991 en el artículo 13 del derecho a la igualdad y en el artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad, hay que seguir acudiendo a tutelas (garantía que ofrece la Constitución a la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales) y demandas, sabiendo que el derecho ya está reconocido”.

La investigadora afirma que existe “un problema de violación de los derechos humanos” de la comunidad LGBT que se ve también en los 79 casos de abuso policial contra miembros del colectivo en los cuatro años que abarca el estudio. Sánchez llama la atención en el alto índice de casos —125 de los 226 registrados— en los que no se conocen investigaciones penales en curso.

“Esto podría responder a los obstáculos para acceder a la justicia que encuentran los familiares de personas LGBT, razón por la cual no denuncian los hechos ante las autoridades, y al desinterés de las autoridades en esclarecer este tipo de crímenes”, sostiene.

Crímenes de odio
La violencia psicológica y física que sufren dentro de las cárceles también son inquietantes, “pero son campos aún inexplorados y no hay sistemas de información por parte del Estado que permitan hacer estadísticas oficiales sobre las violaciones y ataques”, dice Sánchez.

Castañeda, por su parte, asegura que esta comunidad es afectada además por las circunstancias propias del conflicto interno que vive Colombia: “El conflicto que vive el país tiene en gays y lesbianas otros objetivos militares, asesinándolos, desplazándolos, desapareciéndoles y sometiéndolos a tratos crueles. Los principales victimarios son actores paramilitares y las fuerzas del Estado, Policía y Ejército”.

Y aunque reconoce que se han producido avances, como la creación de una oficina de asuntos LGBT en el Ministerio del Interior, cuyo propósito es pensar una política pública nacional sobre este tema, y la directiva 006 del 2010 de la Policía, que no sólo reconoce sus actos homofóbicos sino que se compromete a trabajar por el respeto a esta población, dice que “aún falta mucho”.

Sánchez concuerda con Castañeda. “No sólo tenemos pendientes de resolver los derechos al matrimonio y la adopción conjunta —en Colombia está permitida la adopción individual— sino lo que tiene que ver con investigación y sanción por homicidios, la resolución de problemas de abuso policial, el registro adecuado de las muertes violentas en personas LGBT, el derecho a que se incorpore en el plan nacional de educación el tema del respeto por la identidad sexual y la implementación de políticas públicas contra la discriminación de carácter nacional”.

En octubre próximo los colombianos elegirán alcaldes y autoridades regionales para el periodo 2012-2015. La oportunidad, dice Castañeda, es propicia para hacer un seguimiento a los candidatos “para que en los debates, propuestas y planes de gobierno se aborden la discusión, las estrategias y acciones para la garantía de derechos a la diversidad sexual e identidades de género, de manera que se avance en la inclusión social, cultural, política y económica de la población LGBT y que se visibilice en sus planes de desarrollo y de acción el salto cualitativo, de transformación que necesita el país, pasando de las practicas históricas de la exclusión a la inclusión social”.

Via | Noticias Aliadas.

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Acerca de Raphael

Organizador de Eventos. Comunicador social. -- Líder Juvenil. Activista de la comunidad Diversa.

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